"Aún si el sistema de cárceles pasa a manos privadas, el control (del cumplimiento de los derechos humanos) debe continuar siendo del gobierno". Así definió a Café Crift su postura la secretaria general de Amnesty International, Irene Khan, al cabo de su visita de una semana a Brasil a comienzos de noviembre.

Hacía mucho que no venía a Brasil tan alta autoridad mundial en materia de derechos humanos. Exactamente ocho años. Pasó el huracán liberal y nuevos vientos soplan en este país. Justamente las vísperas del primer año de Lula en el poder fueron el marco de esta visita de Irene Khan, quien, por ser mujer, asiática y musulmana, también es sinónimo de un nuevo turno en esa organización.
« El gobierno es, en última instancia, el responsable por el cumplimiento o incumplimiento [ del respeto a los derechos humanos ], no importa si éste [ el sistema carcelario ] es tercerizado o administrado por el Estado », respondió Khan cuando fue consultada por Café Crift acerca de los riesgos que conlleva una eventual privatización de presidios estatales.

Aunque no se habla hoy en Brasil de entregar las prisiones a administraciones privadas, ese postulado podría convertirse, mediante una combinación de lobbies oportunos e inoperancia del gobierno, en una amenazante demanda popular. La opinión pública ya está bastante sensibilizada por causa de los altos niveles de violencia --criminal y, de manera creciente, social-- a los que asiste en la prensa y en su propia vida cotidiana.
En los últimos días, el asesinato de una pareja de adolescentes en São Paulo ya dió muestras de la dirección que pueden tomar las prédicas. Al opinar sobre el caso, el rabino Henri Sobel defendió la pena de muerte y acaba de declarar que no se arrepiente de tal postura. Una presentadora televisiva dijo que "matará" al menor acusado del crimen.
« A pesar de los avances conseguidos por las autoridades brasileras al establecer propuestas de largo plazo para lidiar con derechos humanos, Lula debe satisfacer las expectativas de que esas propuestas se concreten », dijo Khan durante una conferencia de prensa ofrecida en São Paulo al finalizar su visita a Brasil, el viernes 14 de noviembre.

Khan permaneció en Brasil por seis días, durante los que se entrevistó con el presidente Lula, visitó comunidades donde se registran altos índices de violencia en São Paulo y Rio de Janeiro, se entrevistó con activistas de los derechos humanos y conversó con familiares de víctimas de violaciones a derechos fundamentales.

En su entrevista con Lula, Khan obtuvo del líder brasilero « disposición para desempeñar un papel clave en la adopción de un tratado internacional para el control de armas » y « el compromiso de enfrentar violaciones crónicas de los derechos económicos, sociales y culturales ». No obstante, la representante de Amnistía alertó: « no será por medio de compromisos internacionales, sino por cambios profundos en la vida de los pobres, de los indios y de las personas marginadas en las favelas que los derechos humanos se tornarán realidad ». En la oportunidad, le fue entregado a Lula un memorando en el que se solicita a las autoridades que « controlen el comercio de armas, garantan la implementación plena del plan nacional de protección de los defensores de los derechos humanos; aseguren que se concreten las propuestas de una reforma amplia en la seguridad pública. garantan que funcionarios del Estado respondan por sus actos ».

Como un gesto de alto poder simbólico, Khan también le entregó una copia de la Acción Urgente emitida por Amnesty International en 1982 cuando Lula --en los albores del partido que lo convertiría 20 años después en el presidente de los brasileros-- había sido preso por el régimen militar.

Entre las preocupaciones detectadas en Brasil, Amnesty enumera:

• - Protección a los defensores de los derechos humanos que, cada vez más, enfrentan amenazas, ataques y hasta la muerte al luchar por los derechos de todos.


• - Ataques y asesinatos de activistas ligados a la cuestión de la tierra y los derechos indígenas.


• - Tortura por parte de la policía y de carceleros, lo que se tornó un problema endémico.

Irene Zubaida Khan nació en Bangladesh y es, desde agosto de 2001, la primera mujer, primera asiática y primera musulmana en dirigir la mayor organización internacional de derechos humanos. Estudió derecho en la Universidad de Manchester y Harvard, especializándose en leyes públicas internacionales y derechos humanos. Recibió el premio Pilkington Mujer del Año 2002. Ya en la dirección de AI, condujo misiones de alto nivel en Pakistán durante los bombardeos de Afganistán, fue a los territorios ocupados inmediatamente después de la ocupación israelí de Jenin , a Colombia antes de las elecciones presidenciales de mayo 2003, en Bulgaria lideró una campaña contra la discriminación hacia personas con inhabilidades mentales, en Burundi se encontró con familiares de vícitmas de masacres, en Australia llamó la atención sobre condiciones de detención.

Carlos Turdera

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